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La pandemia del Covid-19 es la tragedia humana más dramática que ha enfrentado la humanidad en el siglo XXI y ha conllevado a una enorme crisis económica y social mundial. Luego de cuatro meses de expansión, el mundo supera los 3 millones de casos, con más de 200 mil muertes confirmadas. Las cifras reales son notablemente superiores, ya que muchos se enferman o fallecen sin llegar a los hospitales ni someterse a pruebas clínicas.
Para reducir la propagación del virus, aproximadamente un tercio de la población mundial debe permanecer en sus casas. Como resultado, la economía mundial enfrenta la mayor depresión en muchas décadas: El producto mundial caerá en aproximadamente 3% en 2020, América Latina sufrirá un golpe mayor, con una pérdida del 5.2%, y Ecuador será afectado duramente, con una declinación del 6.3%. Los efectos sociales de la crisis se proyectan devastadores: este año pueden caer en la pobreza 420 millones de personas, y 195 millones perderán su empleo.
Ecuador se ha convertido en uno de los países latinoamericanos más afectados por la pandemia, con miles de casos confirmados y de fallecidos, principalmente en Guayaquil. El sistema de salud pública, tradicionalmente débil y afectado por décadas de políticas de ajuste y una deficiente gestión, ha sido rebasado en su capacidad de control y respuesta. Muchos hogares han visto enfermar y morir a sus seres queridos sin obtener atención médica adecuada.
Los impactos del colapso del precio del petróleo, la ruptura de los oleoductos y la caída de los precios de otros productos de exportación, conducen al país a una situación extremadamente difícil, agravada por una deuda externa de 41 mil millones de dólares. El Estado enfrenta la peor crisis, sin reservas, con mínimos recursos y con una economía rígida y dolarizada. Nuestro deber como cristianos es proteger la vida y evitar, en lo posible, los efectos dramáticos de la crisis sobre lo más vulnerables, los más pobres y los sectores tradicionalmente excluidos de nuestra sociedad.
La primera y más inmediata obligación del Estado es proteger la vida. Para lograrlo deben fortalecerse el sistema de salud pública y su capacidad de gestión. Es prioritario la provisión de tests y equipos protectores para el personal de salud y de vigilancia, el equipamiento de los hospitales, principalmente en cuidados intensivos y el apoyo a las fuerzas de seguridad para implementar el control de la movilidad.
En Ecuador el 40% de los trabajadores laboran en condiciones de subempleo, sin seguridad social y con ingresos mínimos, sobreviven con al diario, y el confinamiento prolongado en sus hogares puede ser devastador. El estado debe proteger la alimentación y adecuada nutrición de los hogares pobres en forma urgente y masiva.
La tercera prioridad es la protección del empleo. Es indispensable canalizar recursos para los trabajadores autónomos y las micro, pequeñas y medianas empresas. Otras políticas, como el rescate a las grandes empresas o el pago de la deuda externa, deben posponerse. La situación no puede tomarse como una oportunidad para retornar a «lo normal», porque la gran inequidad y exclusión, el debilitamiento de los servicios sociales, el endeudamiento abultado y depredación de la naturaleza han generado la crisis y la propagación excesiva de la pandemia.
Ante la ausencia de recursos, la vía más urgente es la renegociación de la deuda pública y de las ventas anticipadas de petróleo. Se pueden promover canjes de deuda por conservación y canjes de deuda para inversión social. Es indispensable el financiamiento internacional por organismos multilaterales sin condicionalidad.
Los sectores más pudientes de la sociedad tienen la obligación de aportar mayoritariamente recursos para superar la emergencia, porque solo con la unidad y la convergencia de toda la sociedad podremos superar la crisis. #ComuniquemosEsperanza.
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Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz, Carta No. 26 – 29 abril 2020 | CON LOS OJOS FIJOS EN ÉL en la realidad y en la fe
