Ecuador es un país democrático. Un país que se gobierna por la voluntad popular que se expresa regularmente a través de elecciones en las que se eligen los mandatarios para que presidan en nombre de todos. Si no hay elecciones libres, democráticas y transparentes, no hay democracia y los elegidos fraudulentamente serían un gobierno de facto, ilegitimo e ilegal.
Para garantizar la democracia, se ha establecido el sistema electoral, conjunto de leyes, organismos y procedimientos destinados a organizar y controlar las diversas etapas para llegar a elecciones y a la proclamación de sus resultados. Sistema con varios protagonistas: la ciudadanía con capacidad de sufragar, los partidos y movimientos políticos, los candidatos y las autoridades administrativas, políticas y jurídicas que intervienen en el proceso.
Este sistema está normado por la Constitución Política, el Código de la Democracia, la Ley de partidos políticos y otros cuerpos legales vinculados al sufragio. La legislación es tan amplia y compleja que causa serios problemas en su aplicación. El exceso de leyes, códigos, reglamentos, acuerdos y más, no garantiza una verdadera, confiable y oportuna justicia electoral, sino más bien, aumenta los problemas.
Las últimas reformas al sistema electoral han introducido novedades, pero no han logrado aclarar el panorama. Se busca reforzar a los partidos políticos, eliminando la posibilidad de escoger candidatos de diferentes listas y obligando al voto ‘en plancha’ o por lista cerrada. Pero quedan pendientes, entre otros temas, el financiamiento de la campaña y el del reparto de curules.
Un tema acuciante en el sistema electoral ecuatoriano es el de los organismos rectores del sufragio, desde la experiencia del pasado inmediato y el actual funcionamiento del máximo organismo rector, hay un sentimiento generalizado de desconfianza ciudadana y de inseguridad. Lejos está de ser la ‘garantía de la democracia’, esperamos que no se repitan apagones y obscuridades en el sistema. Además, el exceso de partidos y movimientos políticos y la proliferación de candidatos no significa una mayor democracia, todo lo contrario, es una democracia endeble y fácilmente vulnerable.
Las trampas y esquinazos están a la orden del día. La aplicación de la ley electoral es subjetiva, depende de la mayoría, situación inaceptable ya que fractura el espíritu de la ley y llena de dudas a la ciudadanía. Es indispensable devolver seguridad al sistema y eso se logrará solamente si se institucionaliza el organismo por encima de subjetividades y mayorías coyunturales para cumplir consignas.
Demandamos de los partidos, movimientos, candidatos y especialmente de las autoridades electorales, el respeto irrestricto a la Constitución, a la ley, a la democracia y, especialmente, a la ética personal, institucional y política, que garantice la elección de los ciudadanos escogidos por los sufragantes, respetando fielmente a la voluntad popular expresada en las urnas.
Demandamos a la ciudadanía votar con responsabilidad histórica, escogiendo con criterio a los candidatos más capaces y más honestos, en función de país. Que sea una decisión democrática y positiva, que busque superar la corrupción e impunidad estructural y proyecte un futuro de transparencia, trabajo y dignidad para el pueblo. · ——————-
Carta No. 51 de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz
Con los ojos fijos en Él, en la realidad y la fe