Políticos y ciudadanos conscientes y responsables

“Tomar en serio la política en sus diversos niveles –local, regional, nacional y mundial– es afirmar el deber de cada persona, de toda persona, de conocer cuál es el contenido y el valor de la opción que se le presenta y según la cual se busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación, de la humanidad” (Pablo VI).

En un proceso electoral como el actual se pretende un encuentro o desencuentro entre los candidatos que se presentan a los comicios para ser elegidos con base a las propuestas que presentan y los electores que, de acuerdo con las ofertas inteligenciadas, consignan su voto. Es una relación intrínseca que implica responsabilidades y derechos mutuos, los unos siendo auténticos y veraces, en lo que dicen y proponen y los electores buscando la verdad y la mejor opción de servicio eficaz al bien común.

Sin embargo, la elección no garantiza que el político “profesional” actúe correctamente, razón por la cual debemos implementar herramientas legales y tecnológicas que generen una mayor participación ciudadana, con el fin de que cumpla sus ofrecimientos, escuche la voz de los ciudadanos, eluda la tentación de servirse del poder que se le ha dado y rechace todo tipo de corrupción. Como ciudadanos no podemos ser indiferentes y decir “es que todos son iguales”, caer en el quemeimportismo solo permite que sigan los abusos y la corrupción. Si les dejamos “libres” a los políticos, para que ejerzan como quieran el poder después de ser elegidos, nos faltará fuerza y control que les obligue a responder por sus acciones y omisiones. Es muy difícil confiar en su conciencia moral que muchas veces ha demostrado ser muy débil y voluble.

El desafío impostergable es qué y cómo hacer para que el político elegido no se burle del ciudadano que lo eligió. Deben implementarse contralorías ciudadanas a través de mecanismos idóneos, que ya existen en nuestra constitución y en las leyes, para reducir significativa y efectivamente la presencia de la mentira y la corrupción en la política, tan enquistadas en los diferentes niveles de la administración pública.  La ciudadanía debe exigir cuentas de las inversiones realizadas y de los contratos firmados o aplicar la alternativa de destituirle del poder con una revocatoria del mandato entregado.

Nuestro modelo político es el de una República Democrática, que exige libertad, participación ciudadana, legalidad, vigencia de los derechos humanos, y búsqueda del bien común. En nuestro país se han incumplido muchos de estos requerimientos debido a taras sociales y mentales que dominan la cotidianidad como la pobreza, la exclusión, el desempleo, la falta de servicios básicos, salud, educación y la presencia de corrupción, inseguridad, debilitamiento institucional, demagogia, populismo, caciquismo…

Está pendiente construir un destino colectivo en el que haya “vida digna” para todos y no solo para unos pocos privilegiados. Vivir con dignidad es un derecho que nos corresponde, para ello debemos, además de elegir con responsabilidad, actuar solidariamente y participar responsablemente en la construcción de nuestro propio destino, que es el de todos. Entre ceja y ceja debe estar siempre presente nuestra obligación y derecho de elegir y de participar en los procesos sociales para lograr el bienestar y desarrollo integral de nuestro país.

En esta lógica debemos evolucionar como ciudadanos: dejar de ser ingenuos, donde no analizamos ni nos comprometemos y solo votamos porque es obligatorio, dando un voto cada cierto tiempo… Debemos dejar atrás esta práctica, superarla, para convertirnos en ciudadanos responsables que, racionalmente, comprendemos, estudiamos y analizamos los contextos, intereses y compromisos que hay detrás de cada candidato y autoridad elegida. Debemos tener muy claro que por encima de todo interés personal o de grupo están los intereses nacionales, de la provincia, cantón o parroquia, es decir, el destino del país en el que su fin orientador, es el bien común.

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CON LOS OJOS FIJOS EN ÉL, en la realidad y en la fe

Carta semanal de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz No. 167

15 de enero 2023