“La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que perdonado, este mal debe ser curado. La corrupción se ha convertido en algo natural, hasta el punto de llegar a constituir un estado personal y social relacionado con la costumbre, una práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras, en los contratos públicos, en toda negociación que implique agentes del Estado. […] Sin embargo, el Señor no se cansa de llamar a la puerta de los corruptos. La corrupción nada puede contra la esperanza” (Francisco, 2014).
Estos días aparecen nuevos escándalos relacionados con el principal recurso de exportación del Ecuador: el petróleo. La abrupta salida del ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Xavier Vera, se produce en medio de acusaciones de venta de cargos, cohecho y uso indebido de un carné de discapacidad. Las acciones de allanamiento de sus viviendas y del propio despacho ministerial hicieron insostenible su permanencia en el cargo. Inmediatamente se posesionó Fernando Santos Alvite, ligado al sector energético y a gobiernos neoliberales, quien ha reconocido que Petroecuador “ha llegado a un nivel inconmensurable de corrupción”. No hay esperanzas de que su gestión sea beneficiosa para el país, ya que gran parte de su trayectoria ha estado ligada a empresas privadas extranjeras.
Otro escándalo grande se reactivó en Estados Unidos, con el inicio de un juicio por blanqueo de capitales relacionado con las coimas por la venta de petróleo a China. En este proceso está involucrado Nielsen Arias, actualmente en EEUU, quien durante varios años fue gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en los gobiernos de Correa y Moreno, se revelan y confirman irregularidades por miles de millones de dólares. Tampoco podemos olvidar los casos de corrupción ligados a las empresas brasileras Odebrecht y Petrobras.
Aunque desde los años 70, Ecuador ha centrado su atención en la extracción petrolera como sustento para un supuesto desarrollo nacional, pareciera que la corrupción ha afectado siempre a la empresa nacional de petróleos, desde su inicio cuando era el consorcio CEPE-Texaco y posteriormente en los diversos avatares que han sufrido Petroecuador y Petroamazonas. No podemos olvidar los negociados en los contratos con empresas privadas de servicios, en los ya mencionados acuerdos de preventa de crudo y en las inversiones de infraestructura como los oleoductos, el mantenimiento y potenciación de las refinerías, siendo muy grandes los valores perdidos por corrupción en la refinería de Esmeraldas y en la fallida construcción de la nueva refinería en el Aromo. Representando el petróleo casi la mitad de los ingresos del Estado, los intentos de su privatización agravan el problema, ya que privan al Estado de recursos que potencialmente pueden invertirse en desarrollo social. Algunos estudios señalan que los costos de la corrupción petrolera, durante los últimos 15 años, han alcanzado valores entre los 30 mil y 60 mil millones de dólares.
El petróleo es el más importante de los recursos que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, pertenece a todo el pueblo ecuatoriano, sin embargo, muchas personas que ocuparon cargos importantes lo consideraron un botín y una oportunidad para enriquecerse a través de la corrupción.
¿Es posible liberar a este recurso de las garras de los corruptos? ¿Hay esperanza, hay solución o estamos condenados a repetir de forma constante ese círculo vicioso?
Soluciones mágicas no existen, pero podemos esbozar algunas pistas: A nivel político: desterrar la politiquería, los amarres y los compromisos adquiridos que maniatan a los gobiernos cuando llegan al poder; rechazar las presiones que vienen desde distintos intereses transnacionales que pretenden hacer negocios con el Ecuador aprovechando el entreguismo de varios funcionarios y autoridades nacionales. Buscar nuevos técnicos nacionales jóvenes que quieran servir al país y no caer en las redes actuales comprometidas con la corrupción, así como desechar de forma definitiva a aquellas personas que tienen nexos con el pasado nefasto que ahora lamentamos. A nivel económico: corregir o suprimir aquellos mecanismos que generan posibilidades para la corrupción en varios niveles de la estatal petrolera. A nivel social: generar conciencia sobre la correcta administración de recursos para todos basada siempre en la verdad, la transparencia y la justicia.
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CON LOS OJOS FIJOS EN ÉL, en la realidad y en la fe
Carta semanal de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz No. 157
6 de noviembre 2022