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«El mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante, de pasos concretos y medidas inmediatas, para preservar y mejorar el ambiente natural y vencer cuanto antes el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias (…). Debemos cuidar que nuestras instituciones sean realmente efectivas en la lucha contra todos estos flagelos». (Papa Francisco, ONU 2015).
Con frecuencia escuchamos sobre el Estado fallido y de pérdida de institucionalidad… ¿a qué se debe tan deplorable situación?: entre otras razones a la incoherencia ética y la inobservancia de leyes y normas que garantizan la sostenibilidad institucional, especialmente de estos tres pilares básicos:
1. Coherencia con los principios, valores y objetivos institucionales: las entidades que caminan sin rumbo fijo; sin objetivos claros de corto, mediano y largo plazo; sin fijarse en principios y valores que guíen el día a día de la institución y de sus actores. No hacen caso de la misión y la visión para la que fueron creadas. Tienen voluminosos planes estratégicos, que son archivados y olvidados.
2. Capacidad de gestión: los funcionarios que asumen las jefaturas o direcciones -con frecuencia desde la politiquería-, no poseen los conocimientos ni las pericias de la gestión pública, por lo que no tienen la capacidad para planificar, organizar, ejecutar -con solvencia-, ni monitorear, evaluar y rendir cuentas a la sociedad -con transparencia y honradez-. No hay capacidad de emprender y conducir procesos de negociación, que permitan llegar al diseño de estrategias o preparar y ejecutar presupuestos -que en el mejor de los casos son copias de ejercicios anteriores-.
3. Generar credibilidad institucional: como consecuencia de las falencias antes señaladas, la ciudadanía no cree y desconfía en las instituciones públicas. Múltiples testimonios y quejas se repiten y los sondeos de opinión evidencian el descontento: 58% no cree en la Procuraduría; 63% desconfía de la Defensoría del Pueblo; 66% no cree en la Fiscalía; 69% desconfía de la Corte Constitucional; 72% no cree en el Consejo de la Judicatura; 75% desconfía de la Corte Nacional de Justicia; 76% no cree en la Contraloría; 82% desconfía de los jueces; y el 86% no cree en la Asamblea Nacional.
Pero esta situación no es exclusiva de las entidades públicas -a las que se les pone más atención-, también el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las que son sin fines de lucro, incumplen con estos pilares de la sostenibilidad institucional.
¿Es posible salir de este pantano? ¡Sí!, pero se requiere que las personas que asuman el liderazgo de las instituciones lo hagan por y con principios, y con el compromiso de servir a toda la sociedad. Es indispensable que los funcionarios se revistan de una férrea voluntad para provocar cambios y transformaciones que, con decisión no son difíciles, pero demandan mucha voluntad política y arduo trabajo. Deben comprometerse en asumir procesos de autoinducción para adentrarse en el conocimiento pleno de la entidad, así como todo el personal, en las aplicaciones y exigencias que demanda la sostenibilidad del Estado.
Para lograr la eficiencia y eficacia de las instituciones, públicas y privadas, se debe iniciar con la fundamental tarea de configurar verdaderos equipos de trabajo con personas que cumplan con tres condiciones básicas: Poseer suficientes conocimientos y destrezas para el desempeño de las funciones que se les encarga; voluntad para adentrarse rápidamente en el conocimiento y práctica del marco orientador de la institución; y evidenciar principios y valores éticos ampliamente reconocidos y coherentemente demostrados en el día a día de su acción laboral.
En definitiva, trabajemos en conjunto -entidades estatales y los sectores privados y sociales-, por el bienestar de todos, apostando por construir un país de respeto, justicia y paz.
Carta semanal de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz | Con los ojos fijos en Él, en la realidad y la fe.
carta No. 133– 22 de mayo 2022
