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El Art. 6 del Código de la Democracia indica que la «Función Electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre, democrática y espontánea de la ciudadanía y sean el reflejo oportuno de la voluntad del electorado expresada en las urnas por votación directa y secreta». Para cumplir con esta misión cuenta con el Consejo Nacional Electoral – CNE y el Tribunal Contencioso Electoral – TCE.
El CNE está integrado por cinco consejeros principales y cinco suplentes –ciudadanos en goce de los derechos políticos– que son designados para un período de seis años y quien ejerza la presidencia es el representante de la Función Electoral.
La responsabilidad más importante del CNE es «organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores de las elecciones» (art. 25). Por su parte el TCE, también conformado por cinco miembros (ciudadanos en goce de los derechos políticos además abogados). Su misión central es «conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del CNE y de los organismos desconcentrados, y los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas» (art. 70).
La dimensión ética del proceso electoral es la piedra angular que sostiene la democracia. La ética pública y electoral deben trabajar arduamente para preservar y conservar la salud democrática del país, para ello debe garantizar la transparencia del proceso, priorizar la fiscalización y plena nitidez financiera del proceso electoral. No basta con publicitar los topes del gasto de campaña, sino la comprobación y arqueo del origen del financiamiento y su uso, mediante prácticas e instrumentos de acceso público, que den certidumbre y permitan la horizontalidad de la información a la ciudadanía.
En la actualidad y en vísperas de elecciones, se evidencia que en la ciudadanía existe desconfianza en la función electoral causado por decisiones y acciones muy cuestionadas por la opinión pública.
El deber ser del CNE está pendiente. Este organismo –y toda la función electoral– tiene un desafío ético muy grande frente a los próximos comicios, ya que la instalación y consolidación del sistema democrático depende de su eficiencia, eficacia y efectividad en la preparación, realización, procesamiento y proclamación de los resultados de las elecciones de 2021. Es urgente e impostergable que cuenten ya con un presupuesto definido, con toda la tecnología apropiada para este tipo de procesos; además, con los reglamentos que permitan implementar las últimas reformas electorales y demostrar que van a actuar con transparencia.
El CNE debe garantizar y promover la participación ciudadana en la contienda electoral. La ciudadanía debe estar atenta y ser veedora, siendo parte activa de los organismos electorales y de control de las juntas y delegaciones, como demostración de un compromiso democrático y en miras a construir un país que de dignidad a toda su población.
Para asegurar tanto la apariencia de integridad como la integridad real del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral, debe basarse en principios éticos fundamentales como: respeto irrestricto por la ley; independencia y neutralidad; transparencia; minuciosidad y servicio eficiente.
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Carta No. 53 – 8 de noviembre 2020, Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz
Con los ojos fijos en Él, en la realidad y la fe
