Hacerse cargo de la historia

Gonzalo Gamio Gehri*.- Cerca de setenta mil personas perdieron la vida o desaparecieron, víctimas de los crímenes perpetrados por los grupos subversivos o a causa de la represión de las fuerzas del orden.

En 2001, el académico norteamericano Louis Menand publicó El club de los metafísicos, obra por la que se le otorgó el Premio Pulitzer de Historia. Este libro examina la familia de ideas construida alrededor de la formación del pragmatismo, corriente filosófica desarrollada en los Estados Unidos entre las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Los trabajos de Charles S. Pierce, Oliver W. Holmes, William James y John Dewey se enmarcan en este importante proyecto filosófico-político, estrechamente vinculado a la defensa de la democracia como un ethos público, como una forma de vivir.

Se trata de un movimiento intelectual plural que reunió a pensadores que compartían una concepción básica sobre la naturaleza de las ideas, comprendidas como herramientas para encarar el mundo. Las ideas son guías para la acción, ellas buscan esclarecer y orientar las prácticas sociales con el objetivo de mejorar la vida de los agentes al interior de una comunidad democrática, pues son hábitos de la mente. El libro de Menand sirvió de fuente de inspiración para El abuso del mal, una investigación de Richard Bernstein acerca del discurso conservador en Estados Unidos tras los atentados del 11/9. Bernstein contrapone en su estudio la actitud falibilista propia del pragmatismo al integrismo religioso y político de la administración Bush.

Menand y Bernstein sostienen que la construcción del proyecto filosófico mencionado constituyó una decidida reacción a la cruda experiencia de la guerra de secesión norteamericana que cobró la vida de tantos ciudadanos, incluyendo a familiares de los pensadores pragmatistas. Dicho movimiento fue el resultado de observar las cosas desde el borde del precipicio. La vivencia de un conflicto fratricida llevó a Pierce, Holmes, James y Dewey a tomar una clara conciencia de los peligros subyacentes a la imposición de un credo rígido y dogmático como eje rector de la conducta, tanto personal como social. Estaban convencidos de que una actitud integrista propicia la violencia. Tenían razón.

El Perú ha vivido también un conflicto armado de gran poder destructivo. Si bien no se trató de una guerra civil, sino de la insurrección armada de grupos terroristas en contra del Estado, vivimos el conflicto más cruento de la historia republicana del país. Cerca de setenta mil personas perdieron la vida o desaparecieron, víctimas de los crímenes perpetrados por los grupos subversivos o a causa de la represión de las fuerzas del orden. Llama la atención que una tragedia de esta magnitud no haya suscitado todavía –como en el caso del movimiento estudiado por Menand y Bernstein- el desarrollo de una corriente de pensamiento público que entronque con una preocupación por el cultivo de la libertad cívica y la búsqueda de justicia social. Una democracia liberal sólida requiere estructuras sociales justas, instituciones políticas fuertes, pero también exige el compromiso estricto con una cultura de la deliberación como expresión de la intervención de los ciudadanos en la vida pública.

Existen muchas razones por las cuales no se ha configurado aún una respuesta académica y cívica a la tragedia que el Perú vivió en esas dos décadas de conflicto – la pobreza y las grandes desigualdades que persisten en nuestra sociedad; la falta de integración entre la ciudad y el campo; la debilidad de nuestras instituciones sociales y políticas; la ausencia de un proyecto común orientado a la construcción de ciudadanía-. Asimismo, una razón a considerar es la particular incapacidad de nuestra «clase política», y de no pocos ciudadanos, de hacerse cargo de la historia. Nuestra responsabilidad cívica exige escuchar atentamente el testimonio de las víctimas con el propósito de asumir la defensa de sus derechos y establecer políticas de no repetición y discernir lo que pudimos hacer para evitar tantas muertes.

Luego de diecisiete años, la discusión rigurosa del Informe de la CVR permanece como una tarea pendiente para nuestro sistema político y para la sociedad civil. La reconstrucción pública de la memoria constituye un paso decisivo para edificar un proyecto de comunidad política. Examinar la memoria histórica es una condición esencial para actuar como genuinos agentes políticos, vale decir, como ciudadanos. Reconocer que no hay muertos ajenos, así como enfrentar la tentación autoritaria que aún ronda la política nacional, constituyen retos para edificar una ética cívica entre nosotros.

* Especialista en ética y filosofía política

Redacción La Periferia es el Centro. Escuela de Periodismo – Universidad Antonio Ruiz de Montoya.