Gobiernos locales, honestos y eficaces

«Tomar en serio la política en sus diversos niveles (local, regional, nacional y mundial) es afirmar el deber de la persona, de todas las personas, de reconocer la realidad concreta y de valorar la libertad para procurar realizar juntos el bien de la ciudad, de la nación o de la humanidad». (San Pablo VI, Octogesima Adveniens, 1971).

El Estado debe trabajar arduamente para lograr el bien común de toda la sociedad. Esa misión debe caracterizarse por la equidad, la justicia, el servicio, la honestidad, la solidaridad y la oportunidad. Los gobiernos locales, a su vez, buscan la cercanía con la comunidad, pues desde las instancias nacionales, no siempre es fácil entender las preocupaciones y prioritarias cotidianas de la ciudadanía.

Cuando la autoridad administrativa está próxima, es más rápida y oportuna la atención, detección y ejecución de obras necesarias y urgentes. Los grandes proyectos, la materialización de los presupuestos nacionales, el control social del país, la seguridad externa e interna… se reservan para el gobierno central.

Las diferencias humanas, geográficas, educativas, económicas, ambientales… entre provincias, cantones y parroquias rurales incidieron para que los resultados de la gestión gubernamental hayan sido frecuentemente ineficientes, inequitativas e injustas.

Para superar estas falencias, la actual Constitución añadió a la tradicional división territorial, las regiones (aún sin concretar), junto con las provincias, cantones y parroquias rurales, administrados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados – GADs, que «gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana» (artículo 238).

Para llevar a la práctica esta organización se cuenta con el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización – COOTAD, que organiza el funcionamiento de estos entes administrativos, con el objetivo de una oportuna planificación y realización de obras que solventen las carencias de la población.

La cercanía y satisfacción de las necesidades básicas son la razón de ser de los GADs, sin embargo, en la práctica, muchos han incumplido sus objetivos. El tamaño de las circunscripciones territoriales, la ausencia de profesionales capacitados, la improvisación y falta de planificación a mediano y largo plazo, el clientelismo electoral, la demagogia y el populismo en la gestión administrativa, son, entre otros, elementos que conspiran en contra de la realización de sus metas.

Algunas prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales son cuestionadas y hasta sujetas de acciones legales, por la falta de ética de sus autoridades. Otros se encuentran enfrentando a la justicia ordinaria por supuestos actos de corrupción.

Para atender las múltiples penurias locales, se debe trabajar evitando círculos viciosos y propender a la unión, organización y participación de todos los pobladores. Es importante la simplificación de los trámites y de la normativa de ordenanzas y reglamentos. Por último, los representantes de la localidad deben acudir ante los organismos nacionales para lograr los recursos que, por justicia, les corresponden y que, con la debida justificación, administración y control eficiente, se espera satisfacer las demandas más urgentes de la población a la que sirven.

En fin, existen una serie de herramientas habilitadas por la Constitución Política del Estado que permiten exigir, controlar y fiscalizar el buen uso y manejo de los recursos públicos, es por tanto, indispensable la participación ciudadana en los GADs para alcanzar los mejores resultados orientados a conseguir el desarrollo integral de toda la sociedad.

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Carta No. 84 – 13 junio 2021 CON LOS OJOS FIJOS EN ÉL
en la realidad y en la fe