¿Excomunión para los corruptos?

María Rosa Lorbés (*).- La corrupción, junto con la inseguridad ciudadana, es uno de los problemas que más preocupa a los peruanos. Lo peor es que no solamente atraviesa el campo de la política, de la empresa privada y de las instituciones, sino que se ha convertido en una especie de epidemia que se contagia y avanza indefectiblemente en un tejido social que la tolera y que, aparentemente, tiene las defensas muy bajas.

Esa tolerancia crece alentada por la idea de que la corrupción es normal, que todo el mundo es corrupto y que nadie hace algo bueno por nada. Que siempre hay detrás del bien aparente, un interés subalterno escondido y que así es y siempre va a ser. De ahí se derivan otros males: la desconfianza en todo y de todos; el desprestigio de la política, que deja de ser vista como un servicio al bien común para convertirse en la posibilidad de ubicarse en un lugar desde el cual puede conseguirse mayor poder y dinero en beneficio propio, a costa de lo que es de todos.

La corrupción es un robo sin pistola, pero igualmente ruin y reprobable. Y adquiere mayor carácter delictivo, si cabe, cuando el robo se produce en un país en el que hay aún tanta pobreza y desigualdad como el nuestro. Porque el corrupto lo que hace es meter la mano, a escondidas, en el bolsillo del Estado, en la plata de todos los peruanos. Obviamente la corrupción, además, frena el desarrollo.

Aunque por la naturaleza del delito es difícil tener datos muy precisos se estima que cada año se van al menos 6 mil millones de soles en la corrupción, la mitad del presupuesto que se invierte en educación. A mayor corrupción menos escuelas, menos programas sociales, menos atención de salud, más hambre y más pobreza.

Efectivamente: la corrupción corroe por dentro la democracia y el sistema de derecho y entorpece el desarrollo. El Papa Francisco la acaba de calificar recientemente como «la peor plaga social porque genera gravísimos problemas y crímenes que implican a todos».

En un Debate Internacional sobre la corrupción realizado hace unas semanas en el Vaticano y que congregó a jueces y fiscales anti mafia y anti corrupción, obispos, personalidades vaticanas, representantes de países de las Naciones Unidas, y jefes de movimientos, victimas del flagelo, periodistas, estudiosos e intelectuales, los participantes plantearon la propuesta de que la Iglesia Católica sancione a los mafiosos, políticos corruptos y mercantes de seres humanos con la excomunión. Pena con la cual se separaría a un católico corrupto de la comunidad eclesial debido a esta falta, grave pública o privada.

En la sociedad la complicidad benevolente hacia los corruptos va disminuyendo paulatinamente y la indignación ciudadana crece ante cada nuevo destape del caso Odebrecht, por mencionar solo un caso emblemático. Pero el problema continuará si nos limitamos a ser espectadores irritados de los que pasa y no nos hacemos la pregunta de qué debemos hacer cada uno de los ciudadanos para que este cáncer disminuya.

Porque los peruanos no somos, en esencia, ni más ni menos corruptos que los suecos o los noruegos. Hay corrupción en todo el mundo. Los países menos corruptos son, simplemente, aquellos en los que hay políticas orientadas a controlar, prevenir, perseguir y sancionar la corrupción. Los corruptos solo dejan de serlo cuando saben que hay un sistema de control y vigilancia que los rodea y que delinquir les va a salir muy caro.

Uno de los recursos legales que utilizan los corruptos es dejar pasar el tiempo de diversas formas hasta que el delito prescribe, es decir, se borra legalmente. En la legislación internacional hoy los únicos delitos que no prescriben son los de lesa humanidad. En cuanto a los casos de corrupción, en muchos países la tendencia es ampliar bastante los periodos de prescripción por corrupción y caminar hacia la imprescriptibilidad.

Sin embargo esa es solo una medida dentro un Sistema de Lucha Contra la Corrupción que supone, entre otras cosas, reformar y fortalecer instituciones como la Contraloría, el Poder Judicial, la Policía, y los órganos de control interno de las diferentes entidades del Estado. Pocas cosas podrán cambiar en este ámbito si, como ciudadanos, no nos involucramos, con vigilancia, con denuncia y con propuestas, para lograr una eficaz política anticorrupción que establezca medidas preventivas de control y de transparencia así como sanciones adecuadas y ejemplares.

(*) Educadora y comunicadora

Iniciativa Eclesial 50° VAT II

Compartido por Diario La República, Perú.