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«…si la voluntad de los gobernantes contradice a la voluntad y a las leyes de Dios, los gobernantes rebasan el campo de su poder y pervierten la justicia. Ni en este caso puede valer su autoridad, porque esta autoridad, sin justicia, es nula» (León XI, Diuturnum lllud, 11).
La principal misión del poder es el bien común, hacia el que debe orientarse toda acción política de gobernantes y gobernados. Vivir dentro del marco de la Constitución y la Ley demanda y exige que todos, sin excepción, las cumplamos sin pretextos ni privilegios. El momento que se fractura esta dinámica, nacen las injusticias, los desencuentros, las insatisfacciones, los reclamos… y pueden generarse circunstancias que motiven la desobediencia civil o popular, pero es conveniente analizar y evaluar hasta qué punto o en qué medida es justa, pertinente, viable…
La desobediencia civil es cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o una política adoptada, cuando quienes desobedecen tienen conciencia de la ilegalidad de lo dispuesto o de su inconveniencia para la búsqueda del bien común.
El derecho a la resistencia es un conjunto de conductas que se expresan en el enfrentamiento con el poder, bien con la protesta en las calles, o también jurídico, como el desconocimiento o negación de la legitimidad de quien gobierna o de la emisión de disposiciones arbitrarias desde el poder ejecutivo, legislativo o judicial, que son contrarias a la Constitución y leyes, en contra de la dignidad humana. La obligación del ciudadano, del cristiano en particular, es obedecer a Dios antes que a los hombres.
Hay un deber ético del poder, potenciar los pensamientos y acciones de los ‘otros’, especialmente de los más débiles y que deben ser tomados en cuenta por quienes ejercen ese poder. Si son ignorados o engañados, paulatinamente se generan una serie de descontentos que van perfilando manifestaciones, al comienzo mínimas pero que van creciendo como una bola de nieve. Si se las desconocen se pueden volver incontrolables y con consecuencias demasiado graves.
Las manifestaciones, huelgas, paros son estrategias de desobediencia que utilizan los sectores que se sienten ignorados, perjudicados o despreciados por medidas económicas, políticas, sociales que golpean directamente su cotidianidad y que son tomadas a sus espaldas y sin consideración alguna a su realidad.
Cuando el poder es ejercido sin tomar en cuenta al pueblo y se implementan medidas sin dialogar ni consensuar acuerdos que permitan ejecutarlas con impactos mínimos para los sectores más vulnerables, surge una resistencia pasiva que se niega a aceptarlas; si esas medidas se sostienen a pesar del reclamo pacífico, el nivel de protesta se incrementa y se estructuran otras formas de desobediencia, generalmente más violentas.
Sin embargo, también se pueden manipular los instrumentos de la resistencia civil cuando se promueven protestas, paros y otras acciones injustificadas, con el objetivo de crear el caos y se abran las puertas para acciones que se definen como revolucionarias en busca de transformar la situación y el orden actuales. El abuso de la protesta es tan o más nocivo que la imposición injustificada del poder.
Mientras haya una perspectiva de entendimiento para tender puentes y derribar muros entre el poder y el pueblo, las predisposiciones a la desobediencia se minimizan y se generan alternativas de encuentro para juntos encontrar soluciones y salidas a la complicadísima crisis social, política, económica, ética y sanitaria en la que estamos sumergidos como país.
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Carta semanal de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz
Con los ojos fijos en Él, en la realidad y en la fe
