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Empleo: deber y derecho social

«…que a nadie le falte el trabajo y que todos sean justamente remunerados y puedan gozar de la dignidad del trabajo y la belleza del descanso.

El trabajo es lo que hace al hombre semejante a Dios, porque con el trabajo el hombre es un creador, es capaz de crear, de crear muchas cosas…». Papa Francisco (1 mayo 2020).

Ganarse el pan con el sudor de la frente, es decir con trabajo, da un sentido de realización a la actividad humana dentro de un programa de vida justo. De ahí que el trabajo es esencial e indispensable para todos ya que de él dependemos para vivir y mantener honradamente a nuestras familias.

La mortal y despiadada pandemia ha evidenciado aún más un problema estructural y social complejo: el desempleo. El mundo podría cerrar el 2020 con alrededor de 400 millones de personas sin trabajo, algo así como toda la población de América del Sur.

En Ecuador, oficialmente 13 de cada 100 personas aptas para el trabajo estarían en la desocupación, más de un millón, de los cuales casi 700 mil perdieron el empleo por la pandemia, mientras el 70% se debate en el subempleo y la informalidad y escasamente el 16.7% cuentan con un trabajo estable y adecuadamente remunerado (Inec).

Las cifras son trágicas, pero aún más trágica e impactante es la lacerante realidad que constatamos al caminar por nuestras ciudades, que despliegan pobreza y hambre. Los jóvenes y las mujeres están entre los grupos más golpeados. A ello se suma el deterioro de la situación laboral de muchos trabajadores, que en 2020 vieron reducidas sus horas de trabajo e ingresos por la disminución de la demanda, el cierre de empresas y la desvinculación de empleados públicos, que contradictoriamente a lo sugestivo del título de la Ley de Apoyo Humanitario, fue la que consagró su regreso a casa con las manos vacías y la desesperanza a cuestas.

El problema no termina ahí, las condiciones de vida de millones de personas se deterioran y arrastran graves consecuencias sociales como: falta de alimentación, vivienda, educación, en medio de hacinamiento, migración, inseguridad, etc., pasando de una condición limitada a una de supervivencia, donde no se logran satisfacer las necesidades vitales. Las calles acogen a quienes no tienen otra opción que acudir a la informalidad para alcanzar el mínimo sustento familiar, todo ante la mirada impávida de gobiernos y políticos demagogos que ofrecen el oro y el moro en las campañas electorales, pero que una vez en el poder priorizan otros intereses en lugar de plantear soluciones a las más graves problemáticas.

Qué lejos se sienten la ley y la justicia, en vano la Constitución consagra que El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico (…) El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (art. 33).

Sin embargo, y no obstante lo dicho, no solo el Estado es responsable de esta estructura defectuosa, inequitativa e injusta de la división de la sociedad en la repartición de la riqueza, TODOS somos corresponsables, cuando actuamos y favorecemos prácticas de discriminación, de individualismo, de ojos ciegos y oídos sordos frente a la corrupción, a la explotación laboral, cuando elegimos personas que buscan intereses personales, cuando somos indiferentes al DOLOR e INJUSTICIA de una sociedad que nos divide y nos vuelve narcisistas, ególatras e insensibles con el hermano.

……..

Con los ojos fijos en Él, en la realidad y la fe

carta No. 48 – 4 de octubre 2020 | Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz