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«Cuanto atenta contra la vida -homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado-; cuanto viola la integridad de la persona humana (…), todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al Creador» Constitución Gaudium et Spes – Concilio Vaticano II.
No es extraño encontrar, en nuestros países, letreros públicos que dicen «Alarma comunitaria; Barrio organizado: ladrón sorprendido, ladrón quemado», una advertencia que pone en evidencia la desconfianza ciudadana en el sistema de Seguridad estatal, en la Justicia y el miedo que embarga a la población al sentirse indefensa y desprotegida.
La delincuencia callejera que atraca y comete delitos de poco valor, las bandas organizadas de sicarios que matan por un precio, así como ‘delincuentes de cuello blanco’ que en forma orgánica y articulada desvalijan las arcas nacionales a través de métodos sofisticados de corrupción e impunidad… tienen a la ciudadanía en estado de shock, dominada por el miedo y la angustia, sin saber qué hacer ni cómo proceder. Sólo un sentimiento de abandono es el común denominador y la pregunta ¿qué hacer para enfrentar la inseguridad que afecta y actúa en todo el tejido social?
En medio de la alarma, surgen voces que proponen responder a la violencia con más violencia… promoviendo el libre uso de armas; endurecer las penas; reinstauración de la pena de muerte; o incitan a la justicia por propia mano. Entendemos que son voces de dolor, indignación, miedo… desde la experiencia de ser víctimas o posibles futuras víctimas. En otros muchos casos son politiqueros populistas que quieren con estas propuestas ganar el favor de la ciudadanía.
Poner en vigencia ‘la ley del Talión’, el ‘ojo por ojo y diente por diente’ busca suplir la falencia de las instituciones encargadas de la Seguridad y la administración de la Justicia, tarea fundamental del Estado, cuya crisis pone en peligro su propia validez y legitimidad. Si el Estado es incapaz de cuidar el orden y bienestar de la población ¿cuál es su razón de existir?. En los últimos días incluso hemos presenciado hechos bochornosos de descoordinación y hasta boicot interinstitucional entre la Fiscalía, la Policía y algunos jueces que ponen en libertad a personas aprehendidas en actos delictivos in fraganti. O el sistema electoral que califica como candidatos para las próximas elecciones a personas sometidas a investigación por determinados delitos.
El Estado tiene la potestad de administrar y garantizar la seguridad y la paz ciudadana, para lo que debe canalizar, a través de sus instituciones, las herramientas legales, los protocolos y mecanismos operativos para que la ciudadanía se sienta segura y viva en paz. La Justicia debe estar en el centro del ejercicio del poder para responder eficaz y diligentemente en la seguridad al pueblo. Justicia que a más de sancionar con todo su peso también debe reparar al afectado.
Un Estado con instituciones solventes, éticamente incorruptibles, confiables a toda costa, respetables por sus acciones apegadas a la Constitución y las leyes, sembrará «un sistema social que procura generar una cultura que actúe y busque prevenir aquellas situaciones, aquellos caminos que terminan lastimando y deteriorando el tejido social» (Papa Francisco). Dar el primer paso es el desafío del aquí y ahora, de toda la sociedad.
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Carta semanal de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz | Con los ojos fijos en Él, en la realidad y la fe
