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Montevideo, Uruguay. – Cáritas Uruguaya, el brazo social de la Iglesia católica uruguaya, se sumó a la demanda de más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil en defensa del proceso participativo de garantías para la certificación de productos orgánicos.
En un comunicado recibido en la redacción de SIGNIS ALC se da cuenta que en julio de 2021 se retiró la potestad certificadora a la Red Nacional de Agroecología, por lo que desde la sociedad civil se pide que se escuche a la comunidad agroecológica: “por su experiencia, por la pertinencia de su producción, porque construyen ciudadanía”. “Es posible un escenario en el que sigamos creciendo como país valorando el camino recorrido”, añaden.
El comunicado de Cáritas Uruguaya explica que los Sistemas Participativos de Garantías (SPG) son “programas de evaluación de conformidad con las normas de agricultura ecológica en la que intervienen activamente productores, técnicos y consumidores”.
Detallan que hay distintas razones para apoyar este proceso: la primera razón, de orden sanitario, ya que el acceso a alimentos producidos de forma ecológica ayuda a “mantenernos más sanos”. “Los consumidores queremos seguir siendo parte de la certificación”, expresan, y agregan que les garantiza el acceso a los predios de los productores para conocer la forma en la que se produce el alimento y quiénes lo producen.
Además, manifiestan su deseo de contribuir al “bien común”, a través de promover el consumo responsable y la defensa de “un modelo de producción que garantice un territorio sano, libre de fumigaciones dañinas, entendiendo que la salud del territorio y la nuestra es una sola salud”.
También se refieren a la producción rural nacional, el agua y los modos de cuidarla desde la agroecología, la biodiversidad, la soberanía, el Plan de Agroecología, la justicia social y el “Uruguay Natural”. Sobre la justicia social, en concreto, plantean que la certificación basada en principios participativos “asegura mediante precios justos la accesibilidad” a ella por parte de pequeños productores. Consideran que visitar los predios también permite asegurar que se produce respetando los derechos laborales.
Integrar el proceso de certificación “es una oportunidad para aprender sobre la tierra y las formas de cultivo, establecer vínculos de cercanía y confianza con las familias productoras y ofrecer una mirada desde quienes participamos en el proceso consumiendo lo producido”, manifiestan.
“El consumo es político y nuestro derecho a la participación es una oportunidad de incidir en las formas en que usamos nuestro territorio, en cómo nos relacionamos con otras personas y el ambiente y a qué destinamos nuestros recursos. Actuamos localmente para apoyar un manejo ecológico y socialmente justo que garantice la sostenibilidad y soberanía alimentaria.
Redacción: Radioevangelización
