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Desde hace varias semanas, la prensa argentina refleja en sus portales de noticias un tema que involucra la relación económica entre el Estado y la Iglesia Católica: la reducción del dinero que el Estado otorga a sacerdotes y obispos. Para esta revisión se conformaron dos comisiones formadas ad hoc, de un lado y del otro.
Según el diario Perfil del 14 de agosto, «el decreto-ley 21.950, firmado por Jorge Rafael Videla y José Martínez de Hoz en 1979, prevé ‘una asignación mensual equivalente a un porcentaje de la percibida por el Juez Nacional de Primera Instancia’ y define este guarismo en el 80% para obispos diocesanos y del 70% para ‘auxiliares y el Secretario General del Episcopado’.
En base a este cálculo, los obispos diocesanos reciben un ingreso de $46.800 mensuales y los auxiliares y obispos eméritos de $40.950. Complementan esta norma cuatro leyes que también fueron aprobadas durante la dictadura. En caso de avanzar con una reforma, se requerirá la intervención del Congreso para proceder a las modificaciones que se requieran en estas y otras leyes».
El clima de las conversaciones actuales sobre este tema es cordial y franco a pesar de que todavía se respire en el contexto la cuestión del rechazo a la propuesta de legalización del aborto que surgió del seno del oficialismo.
Hay coincidencia en indicar que «hay que seguir trabajando» porque esta «es una etapa en la que hay que hablar más que nunca» para superar esta sensación que perdura en algunos sectores que hace responsable a la Iglesia del fracaso legislativo de la «ley verde», color con el que unánimemente se identificaron quienes apoyaban la ley. Hay un claro enojo de esa porción social –que ha tornado al color naranja– que brega por la separación de la Iglesia y el Estado como consigna matriz y que obtiene volumen mediático visibilizando apostasías personales y grupales.
Es interesante preguntarse con objetividad en qué están unidos la Iglesia y el Estado argentino ya que este –y así lo indica la Constitución Nacional—es laico y está regido por un sistema político democrático. En este marco, puede decirse que en la Argentina se vive una ponderación positiva del hecho religioso, hay libertad de cultos y de pluralidad de expresiones de fe. Afirmar que el Estado argentino está unido a la Iglesia es –como poco– impreciso.
Yendo puntualmente a la cuestión de las asignaciones en dinero a obispos y sacerdotes, «se armaron dos comisiones técnicas: una en la Conferencia Episcopal Argentina donde hay sacerdotes, contadores, abogados y otra por el Gobierno donde está Jefatura de Gabinete, Secretaría de Culto y Ministerio de Hacienda. Entre todos estamos evaluando cuáles son las mejores alternativas al sistema de sostenimiento que hoy nos rige en la Argentina», indicó Alfredo Abriani, secretario de Culto de Nación, a esta cronista.
El tema del sostenimiento del culto dentro de seno de la Iglesia argentina no es nuevo. Y es bueno aclarar que una cosa es el estipendio que recibe el clero, y otra la asistencia a educación y a la enorme tarea social que realiza la Iglesia a través de organismos como Cáritas, por ejemplo, modelo de transparencia en la recepción y distribución de recursos por parte del Estado.
Esto último no forma parte de las conversaciones actuales; tampoco aquí están en discusión los aportes que realiza la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, conocida por su antigua denominación como SeDroNar, en el acompañamiento de Programas de rehabilitación de adicciones que la Iglesia católica lleva adelante en todo el territorio del país a través de sus instituciones y equipos especializados en el tratamiento de la problemática en su poliédrico e integral abordaje.
La Iglesia obtiene sus recursos propios y genuinos a través de las colectas semanales en las misas y las colectas extraordinarias anuales como la que organiza Cáritas y Más Por Menos. «Los 130 millones de pesos que recibe la Iglesia para sacerdotes y obispos no llegan ni al 7% del volumen de dinero que maneja la Iglesia anualmente», confirmó Abriani.
Otro punto a aclarar lo constituyen las exenciones impositivas que son iguales para todos los cultos. Hay que distinguir lo que es el sostenimiento directo del sostenimiento indirecto. El directo es la transferencia directa que hace el Estado a la Iglesia que son esos 130 millones que es lo que se está conversando. El sostenimiento indirecto son las exenciones impositivas que valen para todos los cultos. Cualquier institución religiosa que esté inscripta en el Registro Nacional de Cultos puede gozar de esos beneficios.
Desactivar en la sociedad la idea de que el Estado sostiene a la Iglesia requiere de un mix inteligente de pedagogía, docencia y comunicación estratégica que tenga como objetivo revertir el paradigma sobre la base del auténtico carácter del vínculo.
Todo un desafío.
Por Virginia Bonard
