El deber ser de la Asamblea Nacional

La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrara por asambleístas elegidos para un período de cuatro años. (Constitución Política del Ecuador 2008, art. 178).

Así de simple es la definición constitucional del primer poder del Estado, que se origina en la voluntad popular expresada en las urnas. Legalmente tiene dos misiones fundamentales: legislar y fiscalizar. De estos mandatos depende, en gran parte, la estabilidad jurídica y política, así como la gobernabilidad de la República y, consecuentemente, el bien común.

Legislar es crear, modificar o eliminar las leyes. Misión fundamental, ya que, de la calidad, eficacia y proyección a futuro de las leyes, depende el buen manejo de la cosa pública y las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. No se trata de fabricar leyes sin ton ni son, sino de que las que entren en vigencia respondan a necesidades colectivas y sirvan para el desarrollo integral, la justicia y la paz.

Fiscalizar es velar por el cumplimiento estricto de la ley, comenzando por la Función Ejecutiva que cuenta con recursos humanos y económicos que deben ser manejados con absoluta pulcritud. La Asamblea debe fiscalizar al buen uso de esos recursos y, si el caso amerita, aplicar las sanciones políticas a quienes hagan mal uso o, peor aún, a quien caiga en hechos de corrupción.

Pero hay otro elemento de trascendencia de la Asamblea Nacional: posibilitar la gobernabilidad, es decir, crear el ambiente que permita al Ejecutivo cumplir con su mandato y trabajar por el desarrollo integral y el bien común.

Muy fácil es torpedear el trabajo del Presidente de la República, de sus ministros y más instituciones, buscando réditos electorales y posicionándose como caudillos de una oposición irracional. No es lógico confundir la justa fiscalización, necesaria y oportuna, con un boicot permanente a todo lo que pretenda hacer el Ejecutivo.

Los entramados de la Asamblea Nacional saliente fueron complejos, extraños y hasta decepcionantes. Negociaciones que en muchas ocasiones archivaron los intereses del pueblo y antepusieron agendas propias o de los grupos que representan. Asambleístas que «en nombre y delegación» de sus electores, hicieron todo lo contrario a la voluntad popular. La actual Asamblea termina su gestión tan calamitosamente que casi ningún ciudadano confía en ella.

La nueva Asamblea, que se instala el 14 de mayo, es un cuerpo legislativo fraccionado y sin mayoría suficiente para apoyar al Ejecutivo ni con la fuerza necesaria para una oposición racional. El desafío de los 137 legisladores es inmenso pues, a más de negociar y lograr acuerdos para elaborar leyes que permitan enfrentar la grave crisis económica, social, política, sanitaria, ética… deben, sin ambages, esmerarse por recuperar el prestigio y la confianza ciudadana.

Si los nuevos legisladores comprenden su misión, si olvidan sus posturas extremas, intereses personales y de sus grupos cercanos, y si buscan el progreso del país, superarán el desprestigio que afecta a la saliente Asamblea y contribuirán con la gobernabilidad, la unidad y el trabajo conjunto, tan necesarios para vencer esta crisis agobiante. De ellos, como cuerpo legislativo, y del nuevo Presidente de la República, depende el futuro del Ecuador.

Justicia y Paz anhela que la tarea legislativa que empieza la Asamblea Nacional sea de consensos, acuerdos francos, sinceros, transparentes, sin agendas ocultas, ni prebendas.

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Carta semanal de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz | Con los ojos fijos en Él, en la realidad y la fe