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Alain Santandreu*.- No parecía difícil imaginar las consecuencias que tendría la inamovilidad obligatoria en el acceso a alimentos de la población más vulnerable. Antes de la pandemia, gracias al INEI, ya sabíamos que 7 de cada 10 peruanos hacían parte de la economía informal como autoempleados. También sabíamos, como lo mostró un reciente estudio de la PUCP, que un 29% de los peruanos viven en hogares que tienen, por lo menos, algunas carencias en su entorno familiar: la falta de acceso a agua y saneamiento, uso de combustibles contaminantes para cocinar, hacinamiento, falta de refrigeradora, y presencia de personas con enfermedades crónicas. Y que, al menos un 37% de estos peruanos no habían sido identificados como pobres monetarios.
También sabíamos que los municipios no son los mejores ejecutores de políticas de complementación alimentaria. En lo que va del año, los municipios han ejecutado solo el 33% de los recursos disponibles para comedores populares según la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
La Contraloría General de la República alertó que más de 9.000 funcionarios municipales abrían recibido canastas con alimentos que no les correspondían y la Defensoría del Pueblo indicó que la mayor parte de las municipalidades no publicaron los padrones de beneficiarios, ni el costo unitario de las canastas, ni el número de canastas entregadas.
Urge cambiar el enfoque de complementación alimentaria basado en canastas a personas por uno de ayuda humanitaria para la emergencia alimentaria para las ollas comunes.
Para tratar de ayudar a los miles de peruanos que cada noche se duermen con hambre, la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Bienestar Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha creado la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria que hoy articula 50 organizaciones entre redes de ollas comunes, gerencias de la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML), EMMSA, ONG´S, parroquias, la federación de mercados (FENATM) y la asociación de comedores populares (CONAMOVIDI), el Consejo Interreligioso, SEDAPAL, FAO, PMA, Defensoría del Pueblo, MINSA y, recientemente, MIDIS.
La Mesa cuenta con un protocolo para el registro de ollas que las identifica, verifica los datos con llamadas telefónicas de voluntarios y las georreferencia en la página de la Gerencia de Participación Vecinal de la MML. A fines de setiembre se habían registrado 622 ollas en 29 distritos que alimentaban a 70.577 personas, 18.606 de los cuales eran niños menores de 5 años.
La Mesa se organiza en grupos de trabajo. Uno de acceso a alimentos que promueve la recuperación de alimentos de EMMSA y los mercados de abasto garantizando su inocuidad con apoyo del MINSA. También demanda una dieta más equilibrada porque, como resultado de la estrategia de donaciones del sector privado, las ollas han recibido un 75% de carbohidratos y solo un 25% de proteínas, frutas y verduras. Es imprescindible garantizar recursos públicos porque el 65% de ollas solo preparan 1 comida al día por falta de alimentos. Un grupo de infraestructura articula con SEDAPAL el acceso a agua y busca mejorar el combustible porque el 75% cocinan con leña. También funcionan un grupo de capacitación y otro de agricultura urbana.
Las ollas son espacios auto organizados. El 65%, ante la falta de apoyo del Estado, auto gestionan sus propios alimentos. Pero las donaciones son cada vez menores y no garantizan una alimentación saludable, por lo que se necesitan más fondos públicos, apoyos colectivos y un enfoque de intervención territorial.
Muchos creemos que la emergencia alimentaria no va a cambiar en pocos meses. Es imprescindible que el Estado cambie su estrategia de distribución de canastas a personas a través de los municipios por una estrategia de ayuda humanitaria que considere a las ollas como actores centrales y no como beneficiarios. Sabemos los problemas que tienen los municipios para distribuir ayuda, y más aún en época preelectoral. El Estado debería conocer mejor al país en el que vive. No quisiéramos tener nuevas denuncias de apropiación indebida, falta de ejecución presupuestal y poca transparencia en el reparto de los alimentos. Fortalezcamos la organización de las ollas comunes en la distribución y el control de la ayuda alimentaria. Recordemos que la alimentación es un acto político y cultural y que lo domestico es político.
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* Integrante de la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria de la MML
ECOSAD-Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo.
Redacción La Periferia es el Centro. Escuela de Periodismo – Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
