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La subsidiariedad es uno de los principios característicos de la Doctrina Social de la Iglesia y que fue presentado en la Encíclica Rerum 
novarum (1891).
Su formulación ha estado presente en referencia a la vida de la comunidad en cuanto a lo social, político o económico. La subsidiariedad es un principio de ética social que sistematiza la relación entre las personas, entre ellas y la sociedad en general, con el Estado en sus distintos niveles, y aún en la dimensión internacional.
Desde lo económico, un subsidio es una ayuda monetaria que recibe una persona o entidad de parte del Estado a efecto de compensar carencias o inequidades en sus ingresos.
En el país tenemos algunos subsidios, entre ellos el de Desarrollo Humano o aquellos aplicables a la tarifa eléctrica, a los combustibles, al gas doméstico, entre otros.
El subsidio a los combustibles es el más conocido y polémico, y el que más conflicto ha generado, pues su eliminación ocasiona la subida del costo de la gasolina y el diésel. El Ecuador, en los últimos 10 años, anualmente ha gastado alrededor de 3 mil millones de dólares en este subsidio, lo que representa el 3% de PIB, el 22% de las exportaciones de petróleo y el 17% del Presupuesto General del Estado.
La severa crisis fiscal, la obligada derogatoria del decreto ejecutivo 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles (octubre 2019) y las sugerencias del FMI para la firma del acuerdo de financiamiento, llevaron al gobierno anterior a fijar el precio de los combustibles mediante el sistema de bandas (mayo 2020), que regula los precios de los derivados de acuerdo a los costos internacionales del petróleo.
Técnicamente es favorable que la comercialización se dé a precios reales, pues evita el contrabando, impide que se beneficien los grupos sociales y económicos de mayores ingresos (transportistas, industriales, extranjeros) y permite reorientar esos recursos hacia los sectores más necesitados.
Sin embargo, socialmente el tema es muy sensible, tanto que en nombre del pueblo, surgen discursos radicalmente opuestos a la eliminación de este subsidio, con lo que favorecen a la injusta distribución de los recursos del Estado y paradójicamente perjudican al pueblo que dicen representar y defender.
Sobre el tema, el Gobierno sostiene que el sistema de bandas de precios de los combustibles debe continuar; e invita al diálogo a la Conaie, para buscar acuerdos y reorientar esos fondos en beneficio de quienes más lo precisan.
Si bien la oposición y resistencia son derechos constitucionales, existe una actitud cultural negativa basada, muchas veces, en el desconocimiento y la arrogancia que conducen al grito y la confrontación, acciones lejanas a la subsidiaridad y solidaridad.
La búsqueda de réditos políticos o económicos no cede y como casi siempre el Ecuador pierde, y más aún quienes carecen de oportunidades de educación, empleo, salud, de una vida digna. Subsidios sí, pero para quienes más necesitan pues están en clara desventaja y sumidos en la extrema pobreza.
Asumamos corresponsablemente el futuro del país, superemos la confrontación dañina. Despojémonos de intereses grupales, económicos, partidistas, raciales y demos paso a un proceso democrático de reflexión y trabajo conjunto que lleve a construir justicia y gobernabilidad, en paz.
Redacción: Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz
