Vivienda digna: un sueño esquivo

En estos últimos años, el problema de la casa se ha vuelto extraordinariamente más agudo, a causa, sea del crecimiento de la población, sobre todo en las ciudades, sea de los traslados por motivos de trabajo, sea también por la búsqueda de mejores condiciones de vida. Los efectos saltan a la vista: creación de megalópolis, surgimiento de cinturones periféricos con condiciones de vida sub-humanas, marginación, miseria. Juan Pablo II, 1987.

En Ecuador hay conjuntos privados amurallados, con casas lujosas, con todas las comodidades, servicios, guardianía; y también barrios marginales, con «casitas» que apenas tienen cuatro paredes, carentes de comodidades, sin servicios básicos, sumergidos en la inseguridad, sin vías de comunicación ni transporte. Estos dos extremos conviven a consecuencia de la inequidad, injusticia, concentración de la riqueza, corrupción, impunidad, entre otras causas.

El Banco Mundial (BM) señala que en Latinoamérica dos de cada tres familias necesitan una mejor vivienda, no una nueva. Mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indica que más de dos millones de hogares ecuatorianos sufren déficit habitacional, de los cuales, 1,2 millones están en áreas urbanas (21% con déficit cualitativo, es decir, que deben ser mejoradas en sus materiales, espacio y servicios básicos) y 850 mil en áreas rurales (38% de déficit cualitativo). A pesar de que muchas familias pobres han conseguido un lote a través de traficantes de tierras, se registra un déficit aproximado de 500 mil viviendas lo que evidencia la gravísima problemática habitacional, que los gobiernos de turno, en sus campañas electorales, han ofrecido solucionar y no han logrado cumplir.

La Constitución establece que “las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”, sin embargo, ese derecho se ha convertido en un sueño muy lejano para familias que trabajan toda su vida para alcanzar un techo propio, sin lograrlo por los precios altos y los sueldos bajos, que impiden tener algún ahorro.

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), aproximadamente 2,7 millones viven en inmuebles alquilados y hasta el 2018 el déficit de vivienda llegaba al 12,4% a nivel nacional. Esto representa que más de 573 mil familias no cuentan con casa propia y cada año se incrementa la demanda en alrededor de 60 mil nuevas viviendas. Si no se logra establecer una política estatal decisiva, este problema se acrecentará y cada vez serán más hogares los que requieran vivienda digna para crecer como personas y ejercer su derecho al empleo, a la educación, la participación, la salud, la protección social, ya que «es necesario que los gobiernos pongan todo su empeño para que el desarrollo económico y el progreso social avancen al mismo tiempo y para que, a medida que se desarrolla la productividad de los sistemas económicos, se desenvuelvan también los servicios esenciales, como son, por ejemplo carreteras, transportes, comercio, agua potable, vivienda, asistencia sanitaria…” resaltó el papa Juan XXIII (Pacem in Terris, 1963).

«En este sentido –subrayó el papa san Juan Pablo II– los católicos que gozan de responsabilidad en la vida pública, y cuantos se interesan por el problema de la casa, particularmente las administraciones locales, son exhortados a ofrecer su contribución, a fin de disponer políticas adecuadas que puedan hacer frente a las situaciones de más urgente necesidad y a remover los obstáculos que impiden encontrar las modalidades concretas, económicas, jurídicas y sociales, aptas a poner por obra condiciones más favorables a la solución de estos problemas» (¿Qué has hecho de tu hermano sin techo?, 1987)·

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Carta semanal de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz | Con los ojos fijos en Él, en la realidad y la fe