Comisión Justicia y Paz condenó la desaparición y asesinato a 12 jóvenes

Venezuela.- La Comisión Justicia y paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela repudió las «violaciones a los derechos humanos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso y a la inviolabilidad del hogar domestico que se han cometido en la ejecución de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en todo el territorio nacional». En un pronunciamiento que se hizo público el 6 de diciembre se denuncia también la desaparición en la región de Barlovento, estado Miranda, de 12 jóvenes que fueron detenidos por soldados el 15 de octubre, pasado, y que fueron hallados el 28 de noviembre en una fosa común.

Según el comunicado, «estos actos punibles» se registran como resultado «de las denominadas Operaciones para la liberación y Protección del Pueblo (OLP), conducidas por las fuerzas de seguridad del Estado.

La Comisión Justicia y paz condenó también la «actitud soberbia y sorda de las autoridades del Estado, quienes se han negado y se niegan a acatar la jurisprudencia internacional, los actos de órganos internacionales de protección de los DDHH y las recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales para el respeto y la garantía de todos los DDHH de todas las personas. Esta conducta de los agentes del Estado ha desencadenado este tipo de hecho que retrotrae a la sociedad venezolana a las peores prácticas por las que el propio estado reconoció su responsabilidad», dice el pronunciamiento.

El documento pide a las autoridades estatales competentes «La garantía de los Derechos Fundamentales para todos los ciudadanos de nuestro país» y se termina manifestando solidaridad a los familiares de los 12 jóvenes asesinados. El texto está firmado por Mons. Roberto Luckert León, arzobispo emérito de Coro y presidente de la Comisión.

Pronunciamiento de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV ante los hechos ocurridos en Barlovento

«Dar a cada uno lo suyo significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente autorizado a pasar por encima de la dignidad y los derechos de otras personas singulares».
Papa Francisco, ONU 25 /09/2015

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana se pronuncia con profundo dolor ante los hechos ocurridos en la región de Barlovento, estado Miranda, en los cuales se detuvo a un grupo de jóvenes por efectivos militares, el 15 de Octubre próximo pasado, encontrándose sus cadáveres el 28 de noviembre en una fosa común. Todos estos actos punibles, como consecuencia de las denominadas Operaciones para la liberación y Protección del Pueblo (OLP).

Repudiamos:
• La manera en que se llevan a cabo las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en el país, operativos de seguridad publica realizados de manera indiscriminada, y en los cuales las autoridades del estado no han cumplido sus deberes de prevenir violaciones a los derechos humanos y respetarlos.

• Las violaciones a los derechos humanos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, el debido proceso y a la inviolabilidad del hogar domestico que se han cometido en la ejecución de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en todo el territorio nacional.

• La actitud soberbia y sorda de las autoridades del Estado, quienes se han negado y se niegan a acatar la jurisprudencia internacional, los actos de órganos internacionales de protección de los DDHH y las recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales para el respeto y la garantía de todos los DDHH de todas las personas. Esta conducta de los agentes del Estado ha desencadenado este tipo de hecho que retrotrae a la sociedad venezolana a las peores prácticas por las que el propio estado reconoció su responsabilidad.

• La disminución progresiva de la institucionalidad Estatal generando desequilibrios en la convivencia ciudadana.

• La ineficiencia del Estado en su deber ineludible de controlar la violencia social, con fundamento en la Constitución, las leyes de la República y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con respeto a todos los derechos y garantías de todas las personas sin discriminaciones de ningún tipo.

• La entronización de un lenguaje belicista, agresivo y discriminador, que justifica la negación de la dignidad humana de todas las personas y legitima la práctica permanente de la violencia como medio para la solución de los problemas que afectan a la sociedad.

Solicitamos a las Autoridades competentes del Estado:

• La garantía de los Derechos Fundamentales para todos los ciudadanos de nuestro país para que no se repitan hechos tan graves como los ocurridos.

• A repudiar la desaparición forzada de personas, por cuanto la misma constituye una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana.

• Que los poderes públicos actuando en ejercicio de sus competencias constitucionales aprueben y pongan en vigencia efectiva normas legales y sub legales que desarrollen la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada de personas.

• La reparación integral de todos los daños derivados de la responsabilidad civil, penal y administrativa de los culpables por los terribles daños causados, a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, incluyendo la garantía de no repetición de los hechos y la rehabilitación de la memoria de las víctimas.

• Se implementen medidas que hagan posible el ejercicio de la contraloría social todas las autoridades competentes que tengan como responsabilidad la seguridad ciudadana.

• Que los fieles católicos y los hombres y mujeres de buena voluntad sean defensores y cultores de la vida humana en todas sus etapas; no haciéndose participes ni colaboradores de acciones que atenten contra el Derecho a la Vida, cumpliendo así con sus deberes como cristianos y ciudadanos que construyen y trabajan por la paz.

• Que en sintonía con el punto interior, todos los fieles católicos y los hombres y mujeres de buena voluntad rechacen toda forma de lenguaje o discurso que constituya una legitimación de la violencia y de la contracultura de la muerte.

• A todos los poderes públicos, a que cumplan con las obligaciones previstas en los artículos 43 y 55 de la Constitución de la Republica que consagran el Derecho a la Vida como derecho inviolable, y el Derecho a la Protección a los ciudadanos.

Manifestamos nuestra solidaridad a los familiares de los 12 jóvenes asesinados, por quienes oramos insistentemente a Dios, para que les de fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor y que permita una Justicia pronta y efectiva., que no dé lugar a la impunidad..

+ Mons. Roberto Luckert León
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV