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(EVARED) Según apuntes biográficos, la vida de Óscar Arnulfo Romero supone adentrarse en uno de los periodos más convulsos de la historia de su país, El Salvador, y de toda América Latina.
Mencionaron que en los años en los que Monseñor Romero desarrolló de manera más intensa su actividad religiosa, entre 1966 y 1980, el incremento de movimientos comunistas de campesinos en toda Latinoamérica (que se vio favorecido sin duda por el ejemplo de la revolución cubana del 59) y el compromiso de un sector importante de la Iglesia Católica con los más pobres, iniciado en el Concilio Vaticano II y ratificado en la Conferencia de Obispos Latinoamericanos de Medellín de 1968, chocaron de pleno con unos gobiernos opresores, surgidos a menudo de golpes de estado y apoyados en buena medida por Estados Unidos, cuyos intereses en la zona eran mucho más económicos que humanitarios.
Óscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios (San Miguel) el 15 de agosto de 1917 e ingresó en el seminario menor en 1931 y fue ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942.
Su labor como sacerdote comienza en la parroquia de Anamorós, trasladándose poco después a San Miguel, donde durante 20 años realiza labor pastoral: impulsa movimientos apostólicos como la Legión de María, los Caballeros de Cristo o los Cursillos de Cristiandad; desarrolla obras sociales como «Alcohólicos anónimos» o Cáritas; promueve la construcción de la Catedral de San Miguel y favorece la devoción a la Virgen de la Paz.
En esos años, su trabajo es el de un sacerdote dedicado a la oración y la actividad pastoral, pero todavía sin un compromiso social evidente. Mientras, el país vive sumido en un caos político: se suceden los golpes de estado en los que el poder queda casi siempre en manos de los militares.
Sin embargo, es en 1966 cuando fue elegido Secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador y comienza así una actividad pública más intensa que viene a coincidir con un periodo de amplio desarrollo de los movimientos populares que se manifestaría de forma evidente apenas un año más tarde con la primera huelga general obrera.
En junio de 1975 se producen los hechos de Tres Calles: la Guardia Nacional asesina a 5 campesinos. Monseñor Romero llega a consolar a los familiares de las víctimas y a celebrar la misa. No hace una denuncia pública de lo ocurrido, como le habían pedido algunos sectores, pero sí envía una dura carta al presidente Molina.
El nombramiento de Monseñor Romero como arzobispo de San Salvador, el 23 de febrero de 1977, es una sorpresa negativa para el sector renovador, que esperaba el nombramiento de Monseñor Rivera, y una alegría para el gobierno y los grupos de poder, que ven en este religioso de 59 años un posible freno a la actividad de compromiso con los más pobres que estaba desarrollando la Arquidiócesis.
Sin embargo, un hecho ocurrido apenas unas semanas más tarde, que se revelará decisivo en la escalada de violencia sufrida en El Salvador, va a dejar clara la futura línea de actuación de Romero: el 12 de marzo es asesinado el padre jesuita Rutilio Grande, hombre progresista que colaboraba en la creación de grupos campesinos de autoayuda y buen amigo de Monseñor.
El recién electo arzobispo insta al presidente Molina para que investigue las circunstancias de la muerte y, ante la pasividad del gobierno y el silencio de la prensa a causa de la censura, amenaza incluso con el cierre de las escuelas y la ausencia de la Iglesia católica en actos oficiales.
La postura de Óscar Romero, cada vez más «peligrosamente» comprometida con el pueblo, comienza a ser conocida y valorada por el contexto internacional: el 14 de febrero de 1978 es nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Georgetown (EE.UU); en 1979 es nominado al Premio Nobel de la Paz y en febrero de 1980 es investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Lovaina (Bélgica). En ese viaje a Europa visita a Juan Pablo II en el Vaticano y le transmite su inquietud ante la terrible situación que está viviendo su país.
En efecto, en 1980 El Salvador vivía una etapa especialmente violenta en la que sin duda el gobierno era uno de los máximos responsables. La Iglesia calcula que, entre enero y marzo de ese año, más de 900 civiles fueron asesinados por fuerzas de seguridad, unidades armadas o grupos paramilitares bajo control militar. De todos era sabido que el gobierno actuaba en estrecha relación con el grupo terrorista ORDEN y los escuadrones de la muerte.
Apenas llegado de su viaje, el 17 de febrero, el arzobispo Romero envía una carta al presidente Carter en la que se opone a la ayuda que EEUU está prestando al gobierno salvadoreño, una ayuda que hasta el momento sólo ha favorecido el estado de represión en el que vive el pueblo. La respuesta del presidente estadounidense se traduce en una petición al Vaticano para que llame al orden al arzobispo. Sin embargo, en otros países continúa el reconocimiento a la labor de Romero: por esas mismas fechas, recibe el premio de la Paz de Acción Ecuménica Sueca.
El cerco se cierra: a fines de febrero, Héctor Dada, miembro de la Segunda Junta de Gobierno de El Salvador, informa a Monseñor de que tiene conocimiento de amenazas de muerte contra su propia persona y contra el Arzobispo; Romero recibe también un aviso de amenazas de similar seriedad por parte del Nuncio Apostólico en Costa Rica, Monseñor Lajos Kada y a comienzos de marzo es volada una cabina de locución de la emisora YSAX, La Voz Panamericana, que transmitía sus homilías dominicales. Los días 22 y 23 de marzo, las religiosas que atienden el Hospital de la Divina Providencia, donde vive el Arzobispo, reciben llamadas telefónicas anónimas que lo amenazan de muerte. Finalmente, el 24 de ese mismo mes, Óscar A. Romero es asesinado por un francotirador mientras oficia misa en la Capilla de dicho Hospital.
Los funerales, celebrados en la Catedral Metropolitana de San Salvador el 30 de Marzo de 1980, se convirtieron en una batalla campal en la que las fuerzas de seguridad acometieron contra miles de salvadoreños concentrados en la plaza de la catedral, entre los que se encontraban miembros del Bloque Popular Revolucionario. El resultado: más de 40 muertos y doscientos heridos.
Tal como denuncia el Informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos , el gobierno no realizó ninguna investigación exhaustiva sobre el asesinato del arzobispo.
