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Por: Joan Lara Amat y León*.- Es una constatación fáctica que la pandemia del COVID-19 ha evidenciado las deficiencias de las tecnológicas y globales sociedades contemporáneas para afrontar este tipo de crisis a escala estatal y mundial. Ha fallado Perú, España, la Unión Europea, EE. UU, etc. Si han errado países con distintos niveles de desarrollo y posiciones de poder, es posible que el mundo heredado no haya estado a la altura de los acontecimientos. Por ello, es necesario apuntar alguna interpretación que haga comprensible la situación que se está desarrollando para afrontarla.
Posiblemente la dinámica propia de los Estados y especialmente su estructura no estaban diseñadas para hacer frente a las dificultades que necesitasen de una respuesta eficaz, democrática y coordinada, que implicase, a su vez, el reparto de recursos y acciones globales.
La pandemia visibiliza la precariedad de los recursos necesarios para superar la crisis sanitaria, social y económica que experimentamos. Ello se traduce en el padecimiento de millones de personas, en más de medio millón de fallecidos y en las secuelas sociales y económicas que va a dejar la pandemia, cuya recuperación tardará años. Pero ¿cómo se ha llegado a esta situación? ¿se podría haber estado en mejores condiciones?
La respuesta a la que apuntamos se centra en las estructuras heredadas durante décadas. En Perú, sobre todo desde los años 90, y en España, desde los años 80, ejemplos de lo que ha supuesto un proceso mundial de cambio de jerarquía institucional, donde lo privado se coloca por encima de lo público. Ello ha tenido fuertes efectos en la configuración actual del Estado, de las empresas y de la ciudadanía.
En primer lugar, el Estado se halla con recursos mínimos, con problemas de coordinación a nivel de estructura interna y territorial, unido todo ello a la inexistencia de políticas internacionales que pudiesen dar coherencia global a la lucha contra la pandemia. De todo lo anterior se deriva un Estado Social precario en recursos, estructuras públicas y sociales, acostumbrado a subcontratar servicios o transferir recursos a las ONG, en lugar de destinarlos a infraestructuras y políticas sociales.
En segundo lugar, el sector empresarial (corporativo) propone como solución a la crisis despidos y reducción de costes, junto a la demanda de ayuda económica al Estado para uso privado. Las empresas, cuya finalidad principal es el beneficio, ante un escenario de pesimismo difícilmente pueden ser el motor de la recuperación. Las malas expectativas llevan a las empresas a desinvertir, acentuando así la crisis postpandemia. Por ello, ha habido miles de despidos de trabajadores, especulación y oportunismo.
Y, en tercer lugar, asoma una golpeada sociedad civil, fragmentada hasta el extremo, con un simulacro de solidaridad que durará tanto como una tormenta de verano, encerrada en sí misma y ciega ante las necesidades de lo común. Una ciudadanía tan golpeada, que su preocupación se centra en su presente y futuro inmediato, instalada en la lógica de la salvación individual, fruto de una cultura oficial en la que el interés privado es lo único importante.
Un ejemplo típico de esta situación es que la pandemia se está volviendo una excusa para que los Estados transfieran legalmente recursos al sector privado (ya sea en sanidad, educación, en investigación o en cualquier otra área) en lugar de utilizarlos directamente para acciones de necesidad pública. Es un hecho que el sector privado no necesariamente utiliza esos recursos para lo común.
Baste recordar la crisis financiera del 2008 en la que parte de las ayudas que los Estados otorgaron a la banca privada no fueron utilizadas para lo común y sí lo fueron para el reparto de dividendos o para el pago de retiros millonarios de sus directivos. El diario económico español Cinco Días, del 13 de diciembre de 2008 titulaba un artículo: «Reparto histórico de dividendos para la Bolsa [española]» y aportaba los siguientes datos: «Las compañías han cuidado a sus accionistas como nunca, a pesar de la crisis. Este año distribuirán más de 27.400 millones [euros], un 17% por encima de lo que abonaron en 2007», ello en abierto contraste con la situación de millones de ciudadanos que comenzaron con la pérdida de empleo, continuaron con los desahucios y terminaron en la pobreza. El resultado de esa crisis fue que los más ricos aumentaron su fortuna y los pobres se encontraron en peor situación. Así pues, las crisis pueden acentuar las desigualdades económicas y sociales.
Quizás esta sea una oportunidad para observar con toda su crudeza el funcionamiento de ese viejo orden en el que se privatizan los beneficios y socializan las pérdidas, ese orden tan eficiente en perseguir el interés privado y tan ineficiente en cubrir las necesidades comunes.
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Redacción La Periferia es el Centro. Escuela de Periodismo – Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
