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Radios comunitarias. pocas, pobres y pequeñas.

Experiencia de radio la RANCHADA, en Córdoba, y la lucha de cooperativas y mutuales por una licencia

Fue creada en 1989 por la Asociación Mutual Carlos Mujica.

Hasta fines de los ’80, las radios de Córdoba no pasaban cuarteto. Más preocupadas por la música de tinte urbano y masivo, ponían al aire las últimas novedades de las discográficas comerciales o reproducían contenidos directamente de las casas centrales porteñas. El dial estaba a tono con lo que marcaba la normativa de radiodifusión vigente que entendía a ese servicio expresamente vinculado a fines comerciales.

Para romper con la monotonía reinante, y en línea con algunos emprendimientos de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, periodistas y otros sectores que entendían que el regreso de la democracia debía reflejarse también en la comunicación, una mutual local decidió que era hora de que los sectores populares también tuvieran su espacio en el éter.

Fue así como la Asociación Mutual Carlos Mujica, que venía trabajando en la formación y el fortalecimiento comunitario en villas y barrios carenciados de la ciudad de Córdoba, creó en 1989 la Radio Comunitaria La Ranchada, para que las voces que la normativa no habilitaba ni los medios difundían, salieran por fin al aire.

A través de una red de corresponsales barriales que generaban la información en sus propios lugares de pertenencia, los temas sociales, laborales y hasta los gustos musicales de los sectores populares encontraron un espacio en la programación de la FM 103.7.

Pero la experiencia de La Ranchada no sólo permitió que la música popular cordobesa sonara en la radio. Además, y principalmente, sentó un importante precedente de impacto nacional e internacional para la normalización de numerosas radios de todo el país.

Desde la sanción del decreto-ley 22.285 rector de la radiodifusión en la Argentina, las organizaciones sin fines de lucro estaban legalmente impedidas para ser titulares de medios de comunicación. Resultaba inadmisible que años después del retorno de la democracia continuara vigente, en lo que a comunicaciones se refiere, el razonamiento de un período que nada tuvo de democrático, basado en una ley de la dictadura militar con una clara estrategia de impedir que entidades con dinámicas democráticas y capital solidario tuvieran la posibilidad de penetrar en la sociedad a través de los medios de difusión. Así fue como La Ranchada tuvo que conformarse con funcionar con un Permiso Precario Provisorio (PPP) otorgado por el Comfer, mientras iniciaba una continua pelea legal para conseguir una licencia.

“Al hablar de radios comunitarias se tiende a pensar que necesariamente dichos proyectos deben ser para pocas emisoras, que además sean pobres de recursos y pequeñas de estructura o alcance, lo que se conoce como las tres P”, dice el abogado cooperativista Miguel Rodríguez Villafañe. Y en un juego de palabras que remite a la canción de los Orozco de León Gieco, asegura que las tres P de la radiofonía en la Argentina se transformaron en once: “Pocas, pobres y pequeñas con permisos precarios provisorios y poca potencia, lo que implica la postergación de las propuestas populares”.

Este cordobés, que preside la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Información y Comunicación, fue el responsable de patrocinar –entre otros casos de cooperativas impedidas de prestar radiodifusión– la causa iniciada por la Mutual Carlos Mujica y su radio La Ranchada, y lograr en 2003 que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el artículo 45 de la ley de la dictadura, abriendo el camino para que muchísimas emisoras en la misma situación dejaran de ser discriminadas. La modificación de ese artículo en 2005 (reformado por la ley 26.053), mantuvo hasta hoy la restricción para que las cooperativas de servicios públicos puedan ser titulares de licencias en los lugares en que exista otro prestador. Así, quedó nuevamente prohibido el acceso a estos servicios por parte de muchos pobladores de los rincones del país menos rentables para las grandes empresas de comunicación.

Lugares en los que muchas veces la única opción es que la cooperativa local brinde el servicio audiovisual que no conviene a los privados o que puede convivir con ellos para ofrecer contenidos que se diferencien del bombardeo mediático porteño. “A veces pareciera que existen dos países –dice Rodríguez Villafañe–: por un lado la Capital Federal, las capitales de provincias y las ciudades más importantes del país, y por otro, un interior del país que de no haber sido por las cooperativas y mutuales, no hubiera tenido dignidad. Si muchos pueblos no se hubieran organizado en cooperativas, no hubieran tenido luz, gas, teléfono, agua potable, comunicación y tantas otras cosas. Y ese mismo capital es el que está siendo castigado”.

Realidades locales. En la Argentina, sólo ocho ciudades tienen más de una señal de televisión abierta, y más del 50% del territorio nacional no tiene acceso a la televisión por aire gratuita, por lo que sus pobladores deben asumir el costo de sistemas satelitales o de cable para acceder a contenidos televisivos. “Más de la mitad del país tiene que pagar para ver televisión. Y este sistema no permite que las cooperativas que están en condiciones de brindar el servicio desde una lógica solidaria lo hagan. Así, ponemos a los más débiles en una disyuntiva: o no acceden a un bien de la cultura ni a derechos humanos básicos, convirtiéndose en minusválidos sociales o, de lo contrario, acceden a través del delito de robar la señal. Ninguna de las dos opciones es seria”, afirma Rodríguez Villafañe.

Pero en el panorama de la radiodifusión nacional existe otro obstáculo para los argentinos que sí acceden a la televisión: el 83% de los contenidos que circulan por las pantallas de todo el país son retransmisiones de los canales porteños, principalmente canal 11 y canal 13.

Esto confirma el centralismo del sistema de televisión nacional y evidencia la condena de miles de habitantes obligados a informarse a diario sobre la interrupción de una línea de subte, la congestión de la vuelta a casa, o el dilema de si la travesti Zulma Lobato firmó o no firmó para la temporada de verano.

La experiencia de La Ranchada deja en claro que difundir contenidos masivos no significa asimilarse a los grandes medios capitalinos. Y que nadie conoce mejor que una emisora local las prácticas, realidades e intereses de los destinatarios de esos contenidos, generalmente excluidos de las propuestas de los medios comerciales.

“Con la lucha que vengo encarando desde hace tantos años para que se nos reconozca, tengo la sensación de que estoy comprando un lote en la Luna –ironiza Rodríguez Villafañe–. Yo quisiera comprar un lote en la Tierra de por lo menos 10 x 10. Creo que esta nueva ley de medios es para ayer, y que tiene que haber lo que existe en otros ámbitos del mundo: una discriminación positiva para estos sectores tan marginados. No solamente no tendrían que ponernos trabas para entrar a prestar radiodifusión, sino que tendrían que darnos algún handicap para poder compensar el desequilibro al cual hemos estado sometidos en los últimos 29 años”.

Por Victoria Linari
Fuente: Miradas al Sur
Más información: www.miradasalsur.com

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